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Birmania enfrentará el caso de los rohinyas ante la CIJ, sin Suu Kyi
La junta en el poder en Birmania reemplazará el lunes a la exdirigente civil Aung San Suu Kyi ante la más alta instancia judicial de las Naciones Unidas, para responder a la acusación de genocidio contra los rohinyás, minoría musulmana del país.
Suu Kyi, actualmente prisionera de la junta militar, había presentado los argumentos de Birmania ante la Corte internacional de justicia (CIJ), a fines de 2019 en La Haya (Holanda), cuando el caso fue abordado por primera vez.
Pero después fue derrocada y detenida por los autores del golpe de estado militar del 1 de febrero de 2021.
La laureada del premio Nobel de la Paz, que fue criticada por las ONG de defensa de los derechos humanos por su implicación en la persecución de los rohinyás, cumple prisión domiciliaria por orden de los generales que ella defendió en La Haya.
Unos 850.000 rohinyás viven en campamentos improvisados en Bangladés, tras huir en 2017 de una represión militar sangrienta en su país, de mayoría budista. Otros 600.000 permanecen en el Estado de Rakáin (suroeste de Birmania).
Gambia, país musulmán que presentó el caso en nombre de la Organización de la conferencia islámica (57 países), acusa al poder birmano de violar con esta represión la Convención de Naciones Unidas sobre el genocidio de 1948.
En sus "objeciones preliminares", la junta birmana sostiene que la CIJ no es competente en este caso y debe rechazarlo, antes de pasar a las audiencias de fondo.
La junta será representada, según medios birmanos, por una nueva delegación dirigida por Ko Ko Hlaing, ministro de Cooperación internacional, y Thida Oo, fiscal general del país, que participarán por visioconferencia.
Ambos son objetos de sanciones estadounidenses desde el golpe de Estado.
Gambia presentará su argumentación el miércoles.
- Represión sangrienta -
Antes de la audiencia del lunes, el "gobierno de unidad nacional" birmano, fundado por parlamentarios que ingresaron a la clandestinidad y que es dominado por partidarios de Suu Kyi, señaló que éste organismo y no la junta es "el representante apropiado de Birmania ante la CIJ en este caso".
Rechaza además las "objeciones preliminares" de la junta, al considerar que las audiencias relativas a este caso deben ser anuladas y que la Corte debe pasar rápidamente al estudio de fondo.
Este "gobierno de unidad nacional" no es sin embargo reconocido por ningún gobierno extranjero y es considerado por la junta como "terrorista".
La CIJ fue creada tras la Segunda Guerra mundial para dirimir diferendos entre Estados miembros de la ONU.
Las decisiones se sus juicios deben cumplirse, pero no tiene ningún medio real para hacerlos aplicar.
El caso del presunto genocidio sobre el que debe pronunciarse fue complicado por el golpe de Estado que derrocó a Suu Kyi, que desencadenó manifestaciones masivas y causó una sangrienta represión, con más de 1.500 civiles muertos según un observatorio local.
Suu Kyi debe ser a su vez juzgada por varios delitos que podrían darle más de 150 años de prisión.
burs-dk/yad/def/ayv/eg/zm
F.Müller--BTB