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La fiscalía de Perú abre una investigación a Boluarte por no informar de su cirugía de nariz
La fiscalía de Perú anunció este jueves que abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte por el presunto "delito de omisión de actos funcionales", debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en 2023.
La indagación, calificada de preliminar por la fiscalía, incluye también el supuesto "delito de abandono del cargo", informó el Ministerio Público a través de un comunicado en la red social X.
"Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de Presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso, del 29 de junio al 9 de julio como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida", señaló la fiscalía.
La "investigación preliminar" significa que se trata de una diligencia urgente y prioritaria, según las autoridades.
El caso que amenaza con convertirse en un potencial pedido de destitución, estalló el martes cuando su exjefe de gabinete Alberto Otárola reveló ante una comisión del Congreso que Boluarte se operó la nariz en julio de 2023.
"Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración", dijo Otárola, que matizó el episodio indicando que "no hubo ninguna ausencia de poder en ese momento, porque el procedimiento quirúrgico no tuvo mayores complicaciones".
La cirugía de Boluarte, de 62 años, era la comidilla de todos los días en las redes sociales y la prensa local desde el año pasado.
A raíz de ello, el gobierno denunció el miércoles intentos de "quebrar el orden constitucional" desde el Congreso y tildó de "desleal" a Otárola, a quien Boluarte destituyó en marzo por un presunto escándalo sexual y tráfico de influencias.
"Rechazamos de manera categórica cualquier afirmación que pretenda hacer creer que ella dejó el mando de la Nación (...) siempre estuvo al frente del Poder Ejecutivo" durante la operación, dijo el miércoles el jefe de gabinete Gustavo Adrianzén en medio de una intensa polémica.
Según algunos parlamentarios y juristas, Boluarte habría cometido una infracción constitucional, pasible de ser sometida a un proceso de destitución o vacancia de acuerdo con la Constitución.
Boluarte camina al filo de la cornisa desde hace meses por un escándalo de relojes de lujo que la tiene en la mira de la fiscalía y la matanza de 50 civiles en la represión a las protestas cuando asumió el poder en 2022.
W.Lapointe--BTB